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Aprueban diputados la Ley Fintech y la turnará al Ejecutivo para su publicación

México, 01 de marzo del 2018.– La Cámara de Diputados aprobó, en sus términos, la minuta del Senado que expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, y la turnó al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El documento también reforma nueve legislaciones más, a fin de armonizarlas con el nuevo ordenamiento: 1) la Ley de Instituciones de Crédito, 2) la Ley del Mercado de Valores, 3) la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 4) la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y 5) la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Asimismo, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 7) la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 8) la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 9) la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Surgió de una iniciativa que el Ejecutivo federal envió al Senado de la República el 10 de octubre de 2017, la cual fue aprobada en la Cámara alta el 5 de diciembre de ese mismo año.

Fue aprobado en lo general por 286 votos a favor, tres en contra y 63 abstenciones y luego de que fueron rechazadas las reservas que se presentaron se avaló en lo particular con 265 votos a favor, 61 en contra y nueve abstenciones.

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera está conformada por 145 artículos divididos en siete títulos y tiene por objeto regular los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología financiera, así como su organización, operación y funcionamiento.

Las instituciones de tecnología financiera se entienden como aquellas plataformas a través de las cuales se facilita la celebración de operaciones y servicios financieros relacionados con el acceso al financiamiento e inversión, servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico, además del uso de activos virtuales en dichas operaciones.

Dichas instituciones, en el sector privado, son las de pagos electrónicos (monedero en línea, compras vía celular y transferencias de dinero), de financiamiento colectivo (inversiones en proyectos a través de determinadas páginas de Internet), de activos virtuales (monedas y divisas electrónicas) y de asesoría financiera electrónica, entre otras.

La nueva ley, entre otros aspectos, propone considerar el uso de activos virtuales previa autorización del Banco de México (Banxico).

Crea el Comité Interinstitucional de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que estará integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Banxico y de la misma CNBV, que intervendrá en la toma de decisiones de mayor importancia, como el otorgamiento de autorizaciones, imposición de sanciones, entre otros.

Previene y mitiga el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, estableciendo un marco regulatorio aceptado y probado internacionalmente, con estándares mínimos de identificación del cliente, que permita prevenir este tipo de conductas.

Prevé un régimen de divulgación de riesgos por virtud del cual las instituciones de tecnología financiera se encuentren obligadas a difundir la información necesaria para que sus clientes identifiquen los riesgos que asumirán al momento de celebrar operaciones con o a través de ellas.

Fortalece el gobierno corporativo de las instituciones de tecnología financiera al contar con un consejo de administración, director general y comité de auditoría cuando, con base en el número de operaciones o clientes, modelos de negocios, activos intermediados o nivel de capital neto con el que cuenten dichas instituciones.

Crea el Grupo de Innovación Financiera, el cual será un espacio de intercambio de opiniones, ideas y conocimiento entre el sector público y privado para conocer innovaciones en materia de tecnología financiera y planear su desarrollo y regulación ordenados.

También se considera un marco normativo en el que se contemplan las sanciones administrativas y penales para los casos en que se incumpla con lo establecido en la Ley o disposiciones que de ella emanen.

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Presentará AMLO estrategia de seguridad a finales de octubre

Reynosa, Tamaulipas, 17 de octubre de 2018.- La estrategia de seguridad del nuevo gobierno que se presentará a finales de octubre contempla la organización del territorio nacional en 265 coordinaciones regionales con la integración de todas las fuerzas de seguridad bajo un mando único y el número de elementos se determinará en función de la incidencia delictiva de cada zona.

Así lo anunció a su llegada al Aeropuerto Internacional General “Lucio Blanco” el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, previo a la reunión de trabajo con el gobernador Javier García Cabeza de Vaca.

López Obrador indicó que la división del territorio en coordinaciones resultó exitosa durante su gestión como Jefe de Gobierno de la capital mexicana.

“En cada coordinación regional trabajan de manera conjunta y organizada todas las corporaciones y hay un mando único. Eso mismo que nos funcionó cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, lo vamos a aplicar a nivel nacional”, abundó.

Reiteró que será a finales de octubre cuando se presente la estrategia de seguridad del nuevo gobierno para garantizar la tranquilidad y la paz en el país bajo el esquema de 265 coordinaciones regionales. De manera paralela anunciará a los próximos titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina.

“El plan va a implicar la distribución de la atención al problema de la inseguridad por regiones. Vamos a regionalizar todo el país”, subrayó.

La división territorial se dará a partir de tres criterios: coordinaciones con poca incidencia delictiva en los que se destinarán alrededor de 300 elementos; incidencia delictiva no grave, en los cuales se desplegarán 450 elementos, y en tercer lugar las zonas que presentan mayor número de delitos, en los que se dispondrá de hasta 600 elementos.

“En el diagnóstico que estamos haciendo muy profesional, desgraciadamente son mayores las coordinaciones donde necesitamos tener 600 elementos, yo creo que más de la mitad”, indicó.

López Obrador informó que la estrategia de seguridad se construye a partir de un análisis de densidad poblacional e incidencia delictiva. No obstante, la mayor parte del plan se centra en la prevención, es decir, la atención a las causas que generan la inseguridad y la violencia.

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SDET y Wilver Méndez, en medio del huracán por “venta millonaria” de terreno para la ZEE

Villahermosa, Tabasco, 17 de octubre del 2018.- El gobierno de Tabasco informó que la Secretaría de la Contraloría iniciará una investigación administrativa sobre los señalamientos de una supuesta compra irregular de terrenos en el municipio de Paraíso, para la instalación de la Zona Económica Especial (ZEE).

En el centro del huracán se halla la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, que dirige Wilver Méndez, quien fue la encargada de desarrollar todo el proceso y la operación de compra-venta.

Como se sabe, este martes en un comunicado del Gobierno estatal, se precisó que todo el trámite en cuanto a ese predio lo realizó la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), no la Secretaría de Administración.

Empresarios lamentaron este acto de posible corrupción.

La presidente de la CANACINTRA, Mayra Jacobo, dijo a medios que “es terrible que en un momento tan complicado en el estado estén haciendo negocios”, al referirse al supuesto mal manejo en la compra del terreno para la Zona Económica Especial.

Este martes, el Gobernador Electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, denunció en la XEVT que la venta del terreno para la ZEE fue por arriba de su precio real y estaba “embarrada de corrupción”.

NO SE PERMITIRÁ CORRUPCIÓN: NÚÑEZ 

El gobernador Arturo Núñez Jiménez expuso el martes al conocer del caso, que su administración no permitirá actos de corrupción ni protegerá a algún funcionario en caso de incurrir en mal manejo del presupuesto público.

“Conocí los señalamientos en la materia y de inmediato convoqué a mi oficina a la titular de la Secretaría de la Contraloría, Lucina Tamayo Barrios, a quien instruí que iniciara una investigación administrativa sobre el tema e interpusiera una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, que es un órgano constitucional autónomo, para que en su caso inicie una carpeta de investigación”, asentó.

Manifestó su confianza que “de ambas investigaciones, la administrativa y la penal, aflore la realidad de este asunto, pero no permitiremos corrupción de nadie, sea quien sea”. Explicó que la Secretaría de Administración participó en tanto que es la administradora del patrimonio del estado; “pero ese bien se donó -previa autorización del Congreso local- a la Autoridad Federal para que sea el polígono líder de lo que sería la ZEE”, puntualizó.

 

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